La Directiva emitida establece que todas las entidades del Commonwealth, que no sean corporativas y que estén bajo la Ley de Gobierno, Desempeño y Responsabilidad de 2013, deben tomar varias medidas. Esto incluye identificar y eliminar todas las instancias de productos Kaspersky, evitar la instalación de nuevos productos y reportar el cumplimiento al Departamento del Interior. Sin embargo, se prevé una exención en casos donde el uso de los productos Kaspersky sea necesario para funciones de seguridad nacional o regulatorias.
Ante esta situación, un portavoz de Kaspersky refutó las acusaciones del gobierno australiano, argumentando que los riesgos mencionados no se basan en evidencia concreta y que la decisión careció del debido proceso. Mai Al Akkad, gerente de comunicaciones corporativas de Kaspersky, aseveró que la prohibición se originó en el contexto geopolítico actual y no estuvo respaldada por una evaluación técnica de los productos de la compañía. Además, destacó que la falta de oportunidad para que Kaspersky respondiera a las inquietudes del gobierno resalta la naturaleza política detrás de la decisión.
La acción del gobierno australiano se alinea con movimientos similares en otros países occidentales, que también han expresado preocupaciones sobre la seguridad nacional. En 2017, Estados Unidos prohibió el uso de productos Kaspersky en sistemas gubernamentales y ha ampliado esa prohibición para incluir a todas las empresas y consumidores estadounidenses a partir de septiembre de 2024. Alemania, poco después de la invasión de Ucrania, recomendó a las empresas alemanas no usar los productos de Kaspersky, y Canadá prohibió el uso de Kaspersky Security Products en los dispositivos móviles de empleados gubernamentales en octubre de 2023.
Este conjunto de acciones sugiere que el desasosiego internacional con respecto a Kaspersky Lab está arraigado en preocupaciones amplias sobre espionaje e interferencias extranjeras, las cuales han sido exacerbadas por las tensiones geopolíticas actuales. Las decisiones de varios gobiernos, incluido el australiano, reflejan un enfoque proactivo hacia la seguridad cibernética, especialmente cuando se trata de infraestructura crítica y datos gubernamentales.
Como resultado de esta prohibición, las entidades gubernamentales australianas están obligadas a revaluar su postura sobre la ciberseguridad, luego de que una de las principales empresas de software de seguridad fuera excluida de su arsenal. Esto podría implicar una reorientación hacia soluciones alternativas que se perciban como menos riesgosas, lo que probablemente tendrá repercusiones en el mercado de la ciberseguridad.
La decisión de Australia podría además motivar otras naciones a considerar medidas similares en relación con Kaspersky Lab y otras empresas tecnológicas de países considerados adversarios, lo que podría dar lugar a un reordenamiento del panorama de la ciberseguridad global. En un mundo cada vez más interconectado, este tipo de políticas de exclusión reflejan un sentido de urgencia y la necesidad de proteger a las naciones de los posibles delitos cibernéticos.
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