El juez federal de Maryland ha ordenado a los demandantes que refilen su queja, debido a que excede la extensión permitida. En el centro de esta controversia se encuentra Elon Musk, quien dirige DOGE. Según la demanda, Musk utilizó su acceso a los archivos de autorización de seguridad para revisar los registros financieros de los trabajadores de USAID, mencionando en una conferencia de prensa que algunos de estos empleados tienen un patrimonio neto que asciende a decenas de millones de dólares.
Desde principios de febrero, DOGE ha tenido acceso raíz a los sistemas de USAID, el nivel más alto de acceso que se puede otorgar, lo que les permite ejercer un control total sobre los sistemas. Un demandante, que trabaja en ciberseguridad en USAID, identificó a miembros del personal de DOGE como “piratas informáticos” cuando intentaban acceder a los sistemas de la agencia. Al alertar a sus supervisores, ya era demasiado tarde, ya que DOGE ya había penetrado en los sistemas.
Este acceso raíz ha tenido consecuencias severas. Tras la obtención de dicho acceso, cientos de empleados de USAID se encontraron incapaces de acceder a su correo electrónico. Además, la demanda sugiere que DOGE ha transferido datos fuera de la agencia. Trabajadores de USAID en el extranjero reportaron que se encontraban varados sin acceso a sus dispositivos gubernamentales y no podían utilizar aplicaciones cruciales que les permiten manejar información de seguridad y agilizar la asistencia en situaciones de emergencia.
En un caso alarmante, todos los contactos y aplicaciones de seguridad fueron eliminados de manera remota de un teléfono de un trabajador que se encontraba en una región de «alto riesgo» en el Medio Oriente. Estas aplicaciones son esenciales, ya que permiten a los empleados del gobierno federal en el extranjero indicar si están en una situación de riesgo y requieren asistencia.
Además, la demanda sostiene que algunos empleados de USAID han sido objeto de DOXXING, un término que describe la práctica de publicar información privada de personas sin su consentimiento, lo cual es especialmente peligroso dado el tipo de información accesible a través de DOGE.
El hecho de que un organismo gubernamental como DOGE tenga acceso irrestricto a información altamente sensible plantea serias preocupaciones sobre la seguridad y la protección de los empleados de USAID. La falta de las debidas autorizaciones de seguridad para manejar esta información crítica pone en riesgo no solo a los empleados, sino también las operaciones de la agencia, especialmente en entornos de alta tensión y riesgo, donde la seguridad de la información puede ser vital.
La situación resalta la necesidad urgente de revisiones y potenciales reformas en la forma en que se gestionan estos accesos y se protegen los datos confidenciales, para garantizar que empleados y operaciones en zonas de conflicto no se vean amenazados debido a negligencias por parte de quienes no tienen la debida autorización. La demanda continúa su curso, y se esperan más revelaciones a medida que la situación se desarrolla.
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