La administración argumenta que esta medida se enmarca en la lucha contra el fraude, el desperdicio y el abuso en el uso de fondos públicos. Sin embargo, los críticos apuntan a que el objetivo subyacente es permitir un acceso más fácil a la información de los ciudadanos, lo que podría utilizarse para perseguir a grupos específicos, como inmigrantes o personas transgénero. Estas preocupaciones son coincidentes con experiencias pasadas, donde la administración intentó consolidar datos en el ámbito de la inmigración y donde algunos estados compartieron datos administrativos con el gobierno federal, según advierte Elizabeth Laird, una experta en tecnología cívica.
Además, la capacidad de la administración para crear grandes archivos sobre individuos genera un nuevo nivel de vigilancia que podría ser alarmante. Cody Venzke, asesor de políticas de la ACLU, señala que este tipo de centralización de datos podría llevar a abusos y a errores en el procesamiento de información, como retrasos en viajes por problemas de impuestos que no deberían estar relacionados con un control en la seguridad del aeropuerto.
La orden ejecutiva también plantea preocupaciones sobre el cumplimiento de procedimientos legales que regulan el uso y el enlace de bases de datos. Según Venzke, la administración Trump estaría eludiendo estos requisitos legales para crear bases de datos centralizadas que podrían ser abusivas. Ejemplos de intercambios de datos irregulares ya han surgido, como el caso de un ex trabajador que envió información sensible fuera de la agencia sin cifrar, lo que cuestiona la seguridad de los datos personales.
El enfoque de la orden se extiende a la revisión reciente de las políticas de información clasificadas, donde se ordena a las agencias evaluar si las clasificaciones se han expandido más allá de lo necesario para la seguridad nacional. Expertos indican que esta directiva puede trasladar a una cultura de menor resistencia en la administración pública respecto al intercambio de datos, lo que pone en riesgo la privacía de las personas.
La Casa Blanca no ha respondido a las inquietudes planteadas por los críticos. Entre las medidas polémicas se encuentra la exigencia de que los jefes de agencias revisen los «avisos del sistema de registros» (Sorns) y recomienden cambios en el proceso de la gestión de datos en un plazo corto. Bajo la ley de privacidad federal, existen restricciones sobre cómo las agencias pueden compartir datos, lo que ha sido ignorado en múltiples ocasiones por las prácticas de Doge.
El juez federal que emitió una orden de restricción contra la recolección de datos de la administración del Seguro Social cuestionó la legalidad de las prácticas de Doge, descritas como una «expedición de pesca». Esta decisión se produce en un contexto donde se observa un incremento de la vigilancia estatal sobre la información personal, lo cual plantea desafíos significativos sobre el respeto a la privacidad y los derechos civiles.
En resumen, mientras que la nueva orden ejecutiva de Trump anuncia la reducción de la burocracia y la mejora de la eficiencia en la administración pública, también enciende alarmas sobre el potencial abuso de poder, la vigilancia estatal y el riesgo para la privacidad individual, un tema que continúa generando críticas y acciones legales en el ámbito de la defensa de los derechos civiles.
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