Entre los documentos filtrados, se revelaron inquietantes cifras que indican que los talibanes tienen recluidas a más de 1,400 mujeres y 16,000 hombres en sus prisiones. Además, se reporta que aproximadamente 80 ciudadanos extranjeros, incluidos seis mujeres, están detenidos. Los datos también indican que más de 8,000 ex trabajadores del gobierno tienen restricciones de viaje que les prohíben salir de Afganistán, y el líder supremo talibán, Haibatullah Akhundzada, ha prohibido que cualquier viaje académico al extranjero se realice sin su autorización directa.
El grupo Talibleaks aseguró que todos los archivos publicados fueron extraídos en el último año y provienen de redes gubernamentales talibanas comprometidas. El sitio web usado para las filtraciones no está alojado en la Web Oscura, lo que sugiere un intento de difundir esta información de manera más accesible. La información incluye datos de diversas entidades, como la Administración Afgana de Alimentos y Medicamentos, la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones, así como varios ministerios, entre ellos el de Justicia, Salud Pública y el de Asuntos Exteriores, lo que pone de manifiesto el alcance de la vulnerabilidad de los sistemas del gobierno talibán.
Uno de los documentos reveló que el ministerio talibán encargado de la promoción de la virtud y la prevención del vicio había realizado estudios sobre la aplicación del hijab y la monitorización religiosa en 12 provincias. También se examinaron las actividades de organizaciones extranjeras en la provincia de Bamiyan, acusándolas de promover valores culturales occidentales. Esto indica un enfoque proactivo por parte de los talibanes en la vigilancia de actividades consideradas contrarias a sus principios.
Los hackers, que llevaron a cabo este ataque cibernético, no solo compartieron documentos, sino que también hicieron una declaración sarcástica en Twitter, sugiriendo que el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) no se aplica en Afganistán, al igual que la falta de derechos para las mujeres bajo el actual régimen.
El Ministerio de Comunicaciones talibán reconoció la filtración de documentos, pero minimizó su impacto, alegando que muchos de esos archivos habían estado disponibles públicamente durante años. También aseguraron que “ningún sistema ha sido pirateado” y que “todos los sistemas siguen siendo seguros”. Los portavoces del régimen denunciaron la filtración como un intento de manipular la opinión pública a través de los medios de comunicación.
Este incidente pone de relieve no solo las debilidades de la infraestructura de seguridad cibernética del gobierno talibán, sino también la facilidad con la que los datos sensibles pueden ser accesibles para actores externos. La publicación de esta información puede tener repercusiones significativas, tanto para la reputación del régimen talibán como para la seguridad de las personas mencionadas en los documentos filtrados. Esto se suma a la creciente presión interna y externa sobre el gobierno talibán, que ya enfrenta desafíos en la gestión de su imagen y el respeto de los derechos humanos en un contexto donde se han impuesto severas limitaciones a la libertad y la dignidad de los ciudadanos, especialmente de las mujeres. En un mundo cada vez más interconectado, este ciberataque podría marcar un antes y un después en la forma en que se llevan a cabo la disidencia y las campañas contra regímenes autoritarios.
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