CISA, que había solicitado alrededor de $3 mil millones para fortalecer la seguridad cibernética en múltiples sectores, se enfrenta a recortes que podrían afectar sus esfuerzos contra la desinformación en línea y la protección de procesos electorales. La retórica del presupuesto sugiere que la agencia se centra más en la censura que en su misión original, poniendo en riesgo infraestructuras críticas debido a lo que el documento califica como mala gestión e ineficacia.
Trump ha hecho repetidas afirmaciones sobre fraude en las elecciones de 2020, lo que ha provocado tensiones con CISA, que fue activa en mitigar la desinformación durante ese tiempo. Durante la conferencia RSA en San Francisco, se observó una notable ausencia de representantes de CISA, evidenciando la creciente desconexión entre la administración y la agencia. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, criticó a CISA, insinuando que había estado actuando como un “Ministerio de la Verdad”.
El documento presupuestario no solo arrebata fondos a CISA, sino que también propone recortes a otras agencias como la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) con $247 millones menos y una reducción de $646 millones en fondos para la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA). En el caso de FEMA, el presupuesto alega que la agencia ha discriminado a votantes de Trump al evitar ayudar a aquellos que mostraban apoyo por él, un reclamo que surgió tras un incidente viral donde un miembro del personal de FEMA presuntamente instruyó a su equipo a evitar ciertas casas.
A pesar de la severidad de estos recortes, es importante destacar que esta propuesta de presupuesto es un documento preliminar y debe ser aprobada por el Congreso. Legisladores como Eric Swalwell (D-CA) ya han comenzado a cuestionar los recortes propuestos a CISA, lo que anticipa un intenso debate en Capitol Hill sobre el futuro de la agencia y la política de ciberseguridad en EE. UU.
Los recortes en el presupuesto reflejan una estrategia más amplia de la administración Trump de reorientar las prioridades del gobierno hacia temas que considera más críticos, como la inmigración, al asignar $43 mil millones para aumentar las deportaciones y la construcción del muro fronterizo. Este enfoque se contrapone a la inversión en seguridad cibernética y en el manejo de emergencias, que podrían resultar esenciales para la infraestructura del país.
El impacto de estos recortes en la funcionalidad de CISA y otras agencias es motivo de preocupación entre expertos en seguridad cibernética, quienes advierten que reducir los fondos podría debilitar las defensas del país contra ciberamenazas emergentes. A medida que el debate se intensifica en el Congreso, será crucial observar cómo los legisladores equilibran las preocupaciones sobre la seguridad cibernética con la retórica política de la administración actual.
En resumen, el presupuesto de Sueño 2026 propuesto por Trump presenta un ataque directo a la ciberseguridad, la infraestructura crítica, y otras partes fundamentales de la operación del gobierno, con recortes que podrían tener consecuencias a largo plazo para la seguridad y la eficacia de las agencias gubernamentales.
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